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Derecho de fianza amenazado en Puerto Rico

Fecha de publicación: 27 julio, 2012

El próximo 19 de agosto se celebrará Rico una consulta para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el objetivo de limitar el derecho a la fianza.

El Grito de las/os Excluidas/os de Puerto Rico se ha unido al Comité del Pueblo en Defensa de la Fianza, que agrupa al Colegio de Abogados/as de Puerto Rico, movimientos sociales, religiosos, comunitarios, estudiantiles, académicos y artísticos, entre muchos otros, para llevar a cabo una campaña de educación sobre el derecho a la fianza.

La enmienda constitucional que iría a votación le otorgaría a los jueces la discreción de negarle la fianza a imputados/as de asesinato que son cometidos con premeditación, deliberación o acecho. También permitiría eliminar el derecho absoluto a la fianza cuando el asesinato ocurre en medio de un robo en el hogar, en una agresión sexual, secuestro, o en caso de que se haya disparado en un lugar público o desde un vehículo de motor, o se haya asesinado a un agente de la ley.

El gobierno alega que esta enmienda va a ayudar a disminuir la criminalidad, pero no ha ofrecido estadísticas que justifiquen la eliminación del derecho a la fianza. La realidad es que durante los últimos 10 años no se han realizado arrestos en un 66% de los asesinatos, y sólo un 2% de las personas bajo fianza son acusadas de cometer crímenes mientras están en libertad.

La criminalidad preocupa a todas/os en Puerto Rico, pero negar un derecho fundamental que asegura la libertad de personas que se presumen inocentes no resolverá el problema de la criminalidad. No se ha demostrado relación alguna entre el derecho a la fianza y la criminalidad, y la enmienda constitucional lo que conseguirá es discriminar aun más contra las/os pobres, negras/os y migrantes.

El actual partido en el poder, que promueve la anexión permanente con los Estados Unidos, se ha caracterizado por implantar medidas neoliberales y que fomentan la violencia social, como el despido de más de 30 mil empleados públicos, el aumento de matrícula en la universidad del Estado y la criminalización de la protesta. En septiembre de 2011 salió a la luz una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual que denunció que la policía de Puerto Rico mantenía un patrón generalizado de abusos, uso excesivo de la fuerza, corrupción y de violaciones a los derechos civiles. Esta enmienda le daría más poder a una institución desprestigiada ante la comunidad que debería servir y proteger. No debe votarse por las restricción de derechos; debe lucharse por su preservación y por verdadera justicia y equidad, los mayores disuasivos de la criminalidad y la violencia.

Última modificación: 23 de noviembre de 2012 a las 10:50
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